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¿Qué hubiera pasado en España sin el golpe militar de 1936? 
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Nota ¿Qué hubiera pasado en España sin el golpe militar de 1936?
A continuación os expongó el siguiente artículo de historia confractual llevado a cabo por un conocido historiador -Santos Juliá- sobre las líneas generales de lo que habría sucedido en España si no hubiese habido un golpe de estado militar en julio de 1936 que me he encontrado por internet.


España sin Guerra Civil ¿Qué hubiera pasado sin la rebelión militar de 1936? (Parte 1ª)


La guerra civil es el acontecimiento central de la historia de España del siglo XX: no puede entenderse nada de lo ocurrido desde 1936 en España prescindiendo de la guerra civil. Guerras y revoluciones hubo también en el siglo XIX: contra el invasor francés, luego llamada de Independencia; entre las facciones absolutistas y liberales que han pasado a la historia con el sobrenombre de carlistas; algaradas, levantamientos e insurrecciones que esmaltaron la historia política desde la revolución de los años treinta hasta la de 1868; guerras coloniales, interminables, y hasta una guerra relámpago contra Estados Unidos en 1898. El recurso a la violencia fue habitual en las luchas políticas del siglo XIX, tan acostumbrado a contemplar caídas de gobiernos y hasta de regímenes empujados por la fuerza de las armas. Pero, a pesar de las muchas guerras y del intermitente retumbar de los cañones, ninguna guerra civil agota la explicación del siglo XIX, ninguna se ha convertido en razón de ese siglo. No ocurre lo mismo en el XX, radicalmente impensable sin la guerra civil.

Esto es así porque, a diferencia de las guerras del siglo XIX, que unas veces acabaron sin un claro vencedor y otras dieron lugar a paces y componendas de diverso signo, la guerra civil del siglo XX logró plenamente su propósito: un vencedor que exterminó al perdedor y que no dejó espacio alguno para un tercero que hubiera negociado una paz o hubiera servido de árbitro entre las dos partes. La guerra civil redujo la complejidad y múltiple fragmentación de la sociedad española del primer tercio del siglo XX a dos bandos enfrentados a muerte, con el resultado de que el vencedor nunca accedió a ningún tipo de reconciliación que mitigara los efectos de la derrota de los perdedores y volviera a integrarlos en la vida nacional.

Desde 1939, España quedó brutalmente amputada de una a parte muy notable de sus gentes y de su historia; hasta 1975, España vivió de la guerra o de las consecuencias de la guerra, que aún habrían de extender su sombra durante todo el periodo de transición a la democracia. De ahí que no se pueda pensar España desde el 18 de julio de 1936 sin la guerra. Pero de ahí también que esta guerra, por la radicalidad de un enfrentamiento que escindió en dos a la sociedad y volvió ilusorios todos los intentos de encontrar un tercero neutral o árbitro, haya proyectado su ominosa luz sobre el período anterior convirtiendo en clave metahistórica la imagen inventada por las generaciones intelectuales de principios de siglo para interpretar su propio tiempo como una pugna entre dos Españas.

La metáfora de las dos Españas, vieja y joven, oficial y real, muerta y vital, se convirtió durante la guerra en la base de una nueva versión del gran relato de la historia de España como una tragedia, no al modo liberal, como nación decaída que habría de levantarse cuando el pueblo recuperara su libertad, sino al modo metafísico y religioso, como destino inexorable de un enfrentamiento a muerte entre dos principios eternos y excluyentes. Lo que en su origen fue una figura retórica para invitar a las nuevas generaciones Ilegadas a su primera madurez en los años diez a romper con la vieja política, se convirtió con la guerra civil en una muestra ejemplar del principio hermético post hoc ergo ante hoc por el que la consecuencia pasa a ser causa de la propia causa: como la guerra civil escindió inevitablemente a España en dos, la escisión de España en dos fue la causa inevitable de la guerra civil.

Liberarse del peso de ese relato de las dos Españas es requisito imprescindible para imaginar una España sin guerra. Es hora de enterrar esas contabilidades que en ninguna historiografía se aceptarían ni siquiera como figuras literarias capaces de dar cuenta del complejo proceso de modernización social y política y de los obstáculos de toda índole y las quiebras sociales a que ha dado lugar. Ciertamente, la metáfora de las dos naciones, o de las dos ciudades, no es una exclusiva española: antes que a España, se ha aplicado a Inglaterra, a Alemania, a Francia, a Italia; pero la única nación en la que ha alcanzado categoría metafísica capaz de explicarlo todo desde los orígenes ha sido España. A la vista de su persistencia, se hace preciso darle por completo la vuelta: fue la guerra civil la que llenó de un falso contenido el relato de la dos Españas; no la existencia de esas dos Españas la que permite explicar la guerra civil. Sólo cuando se haya realizado esta inversión será posible pensar lo que hubiera podido ser la reciente historia de España sin guerra civil.

EL GRAN RELATO DE LAS DOS ESPAÑAS

Fueron, ante todo, los obispos quienes presentaron al mundo la guerra civil como nueva versión del trágico y fatal enfrentamiento de las dos ciudades de San Agustín. En su intento demostrar al Vaticano y al mundo católico la imposibilidad de una mediación internacional que permitiera iniciar negociaciones de paz bajo los auspicios de las potencias europeas, los obispos interpretaron la guerra como una conmoción tremenda, producto de dos ideologías irreconciliables, una española, que encarnaba el espíritu nacional; otra extranjera, inoculada desde fuera en la vida del Estado. La única nación española, racial y auténtica, madre de naciones, contra una España extranjera, laica, que no era en verdad España: en estos términos comenzó a recitar la Iglesia la historia de las dos Españas. Fuese el virus de origen francés, como sugería el obispo de Salamanca, o procediera de Rusia, como afirmaba la Carta Colectiva del Episcopado, la consecuencia era idéntica: no existía posibilidad alguna de pacificación. La guerra civil devino así "guerra de principios, de doctrinas, de un concepto de la vida y del hecho social contra otro, de una civilización contra otra", una cruzada, una obra de redención, y la sangre derramada era como sangre de mártires, el tributo necesario para hallar el camino de la resurrección. Al no poder terminar más que con la victoria de la cruz, la guerra fue necesaria en su origen; hasta tal punto lo fue que se tendrá como un designio de la Providencia.

Pero el discurso de la guerra civil como lucha a muerte entre dos Españas no fue una exclusiva del bando rebelde. En la zona leal a la República, la necesidad de definir estrategias unitarias, sentida por fuerzas tan dispares y con objetivos tan contradictorios como los anarquistas, comunistas, socialistas y republicanos, además de los nacionalistas catalanes y vascos, se expresó en el plano del discurso por las invocaciones al "espíritu indómito de la raza", al heroísmo del pueblo español, en guerra contra el invasor extranjero y sus cómplices del interior; Si la coalición de militares, católicos y fascistas armó su discurso sobre la eterna Nación española y calificó de inmediato a su enemigo como la anti-España que era preciso liquidar para el renacimiento de la España auténtica, la coalición de leales a la República se identificó de inmediato con el único y verdadero Pueblo español, el que se había levantado contra el invasor romano o el que había peleado gallardamente contra el francés con aquellos ejemplos de heroísmo que habían sido Viriato o Agustina de Aragón.

Rasgos de un carácter intrahistórico, determinismo racial o étnico: quienes, una vez iniciada la guerra, se alejaron de las dos partes en lucha, atribuyeron rápidamente su origen y las matanzas que tuvieron lugar en el verano de 1936 a una genérica violencia que los españoles llevarían en la sangre: debe haber alguna cosa predominante en la raza que incite a los españoles a la violencia, decía Pío Baroja desde París. La española era una violencia ancestral, que ya se había manifestado en los sitios de Numancia y Sagunto. en tiempos de los romanos, y volvería a resurgir en los de Zaragoza y Gerona, en los de Napoleón. Las matanzas de los primeros días de guerra llevaron a muchos observadores, en España, en el exilio y en las cancillerías europeas, a la conclusión de que los españoles estaban determinados a la violencia por una razón étnica o racial, porque lo llevaban en la sangre. Sangre iracunda, como dijo el presidente de la República, que al juzgar como propia de huidos y rechazar indignado la invención de una "tercera España" que desde París algunos exiliados pretendían convertir en mediador neutral entre las dos partes en lucha, tendió a ver el reciente pasado como un efecto del carácter español que "transformó en tempestad de pasiones violentísimas lo que sólo era un problema político, ni tan nuevo que no se hubiese visto en otras partes ni tan difícil que no pudiera ser dominado".

Estos discursos de la guerra podrían tomarse como extrema manifestación de la arraigada tendencia en los medios intelectuales españoles a interpretar el problema de España en términos metafísicos y místicos. El romanticismo tardío de los escritores de la generación del 98 había postulado una permanente identidad de la nación española, concebida al modo de un sujeto trascendente que no acababa de encontrar, desgarrada por conflictos internos o condenada a una perpetua decadencia, su verdadero ser. La guerra, con el difuso sentimiento de culpa universal que dejó flotando en la moral colectiva de los años cuarenta, dentro de España y en el exilio, empujó esa reflexión dolorida y mística un paso adelante hasta postular como de la esencia del ser de España una ancestral escisión que la determinaría al enfrentamiento a muerte. Menéndez Pidal, en su intento de superar lo que llamaba exclusivismo de las derechas y de las izquierdas, llegó a afirmar que ciertos caracteres primordiales del pueblo español, su tendencia a la escisión exclusivista, había que remontarlos, no ya a Ataulfo, primero de los reyes godos, sino a Indíbil, un jefe ibero del tiempo en que los escipiones comenzaron el dominio romano de la Península.

De esta manera, la radicalidad de la escisión provocada por la guerra civil, interpretada en clave metahistórica como enfrentamiento de dos Españas eternas o raciales, proyectó sus sombras hacia atrás en agrios debates sobre el origen de tanta desventura, con las tesis y las personas enfrentadas de Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz en sus exilios americanos. Y en el interior; con las luchas por las parcelas del poder entre dos facciones del catolicismo político: la de origen fascista, con la renovada reflexión de «España como problema" promovida por Pedro Laín para recuperar lo más aceptable que ofrecían los intelectuales de las generaciones precedentes; y la autoritaria tradicionalista, que tras insistir en que el choque en 1936 de las dos Españas venía gestándose desde los reformadores de Cádiz acababa por afirmar que entre esas dos Españas "no ha habido nunca posibilidad alguna de síntesis", como era la tesis de Calvo Serer. La literatura acerca del origen y ser de los españoles, de España como enigma histórico, de España como problema o sin problema, guardadas todas las distancias que separan a los historiadores de los ideólogos, seria impensable si no se tuviera la guerra como el resultado necesario de una escisión secular.

Esta fuerza retrospectiva de la metáfora, debida a la radicalidad de la quiebra social que la guerra supuso y a su final como exterminio del perdedor, ha imbuido, pues, todo el período anterior de una especie de fatalismo no ya en el sentido de que el pasado sea irremediable, sino en el más fuerte de que el pasado es necesario: que las cosas ocurrieron así porque así estaba escrito en ese guión trágico que se cumplía inexorablemente en cada uno de sus actos, más allá de la voluntad de los actores. La primera en sufrir de esa mirada teleológica ha sido la misma República española, tantas veces reducida a mera antesala de la guerra, a "último acto que precede a la guerra civil". En pocas ocasiones, un periodo histórico tan cargado de posibilidades, tan abierto a desarrollos indeterminados, como fue la República española, ha sufrido de un reduccionismo tan gratuito como el derivado de su fracaso por alguna supuesta escisión intrahistórica del ser de España. Muy recientemente, con ocasión del sesenta aniversario de su comienzo, la guerra civil todavía se presentaba al público francés como "un arreglo de cuentas entre las dos Españas". Investigadores y ensayistas reputados se han dedicado a señalar dónde y cuándo comenzó, quién y por qué decisión le abrió las puertas, como si la guerra hubiera estado allí, de siempre, esperando que alguien, situado en el lado de acá, se limitara a abrir las puertas a un destino ineluctable como se abren sin querer las puertas a la muerte.

No sólo la República ha sufrido la distorsión provocada por esa visión de la guerra como destino fatal; una similar deformación afecta a la mirada que sobre el siglo XIX y el primer tercio del XX ha proyectado la historiografía hasta años recientes. La perdurable vigencia de una historia de España desviada de su curso, de la anomalía que rige su destino desde el siglo XVI, de su atraso económico y su arcaísmo social, de su fracaso como nación y como Estado, de su tragedia, de su anormalidad respecto a una presunta pauta europea en todos los órdenes de la vida, se debe al refuerzo que el gran relato de las dos Españas encontró en la guerra de 1936. La guerra civil, con la brutal violencia desatada en el verano de 1936, seria el lógico resultado de un fracaso secular; sería como la continuación de la historia de España por otros medios. Es lo que realmente merecían los españoles, lo que se habían ganado a pulso. La brutalidad represora de los vencedores, legitimada por su identificación con la verdadera España que debía erradicar de su cuerpo el virus de la anti-España, y la mala conciencia de los derrotados, con la extensión de un sentimiento de culpa colectivo por no haber sabido detener la catástrofe, no hizo mas que reforzar esa mirada.

Es por tanto imprescindible someter a crítica la visión de la guerra como último acto de una historia de mas de un siglo y como una consecuencia necesaria de las luchas políticas que acompañaron a la República durante su breve existencia. Para que esa doble crítica avance, hay que abandonar previamente la metáfora de las dos Españas o reducirla a sus verdaderos términos como recurso retórico para movilizar voluntades, y despojaría así de cualquier contenido descriptivo o analítico. Pero es preciso dar un paso más, y más cercano a los hechos, y recordar que la guerra civil pudo no haber ocurrido si en dos ocasiones decisivas de la historia política española del siglo XX unos sujetos, perfectamente identificables, hubieran tomado las decisiones a las que estaban obligados por juramento personal y corporativo; si hubieran mantenido la lealtad a la Constitución, monárquica primero, republicana después, que habían jurado defender. Dicho de otra forma: ni era necesario que la Monarquía constitucional diera paso en 1925 a una dictadura militar, ni fue inevitable que un golpe militar desencadenara en 1936 una guerra civil. En la primera ocasión, nada impedía que la monarquía liberal evolucionara, a la manera británica, hacia una monarquía democrática, con la paulatina incorporación del partido socialista a las instituciones parlamentarias e incluso al gobierno; en la segunda, no era en absoluto imposible que la República española siguiera el rumbo de la francesa, con la formación a finales de 1936 de un gobierno republicano-socialista sostenido en el Parlamento por el partido comunista. Esta doble oportunidad perdida, y sus razones subyacentes, es lo que será preciso indagar para despejar el camino a la posterior comprensión de lo que pudo haber sido España sin guerra.

LA MONARQUÍA SIN EL GOLPE DE ESTADO DE 1923

A cualquiera que se asome sin ojos metafísicos a lo que estaba ocurriendo en España desde comienzos del siglo, le saltará a la vista la profundidad de los cambios experimentados por su sociedad. El éxodo masivo de campesinos, el crecimiento de las ciudades, la densidad y variedad de la creación cultural, la formación de una "clase media científica", la pasión de sus jóvenes por salir a Europa a completar estudios, la aparición de una clase empresarial, el auge de una sociedad profesional, la masiva afiliación sindical, los incipientes movimientos feministas: todo eso es lo que define la nueva vida social de las principales ciudades españolas desde principios de siglo y, muy especialmente, desde el comienzo de la Gran Guerra. No fue el predominio de una España arcaica, atrasada, en la que el peso de los terratenientes y el mundo rural impusieran su ley, lo que explica los conflictos políticos del primer tercio de siglo, sino más bien los problemas derivados de la rapidez y profundidad de los cambios: España era desde 1900 una sociedad en movimiento. Y fue esa sociedad en proceso de transformación, con una clase obrera que por vez primera se incorporaba masivamente a los sindicatos, con una clase media que demandaba más participación política, con movimientos nacionalistas que planteaban exigencias al Estado, la que produjo nuevas demandas que hicieron crujir a un sistema político cada vez mas constreñido en el marco de la Constitución de 1876.

Pues esa sociedad en movimiento carecía de una auténtica representación política en el sistema ideado por Cánovas en 1876 para una sociedad políticamente desmovilizada tras la revolución de l868 y los sobresaltos del sexenio democrático. Basado en dos partidos políticos -conservador y liberal- que se turnaban en el gobierno por un pacto que sólo incluía a sus elites dirigentes y excluía positivamente a todos los demás, el Parlamento fue desde el inicio del sistema hasta su final fabricado por el gobierno gracias a un sistemático fraude electoral. En lugar de abrirse a las nuevas elites emergentes e incorporarlas a la vida política limpiando el sufragio, limitando las atribuciones de la Corona y reforzando el papel del Parlamento, aquel sistema acabó a la merced de un general que en septiembre de 1923 liquidó, con el beneplácito regio, cerca de cincuenta años de liberalismo y Constitución. El golpe de Estado de Primo de Rivera, al destruir la monarquía constitucional creada por Cánovas en 1876, es lo que constituye en verdad "la ruptura decisiva en la historia moderna de España"'.

No hubo nada predeterminado en ese abrupto final. La nueva clase media que irrumpió en la vida pública hacia 1910 fue políticamente reformista. Sus aspiraciones no iban más allá de un programa de reformas que comprendiera autonomía regional, distribución más equilibrada de la propiedad, libertad sindical y religiosa, supremacía del Parlamento y del poder civil Desde su aparición en abril de 1912, el Partido Reformista, al que habrían podido sumarse como aliados los socialistas y los republicanos posibilistas además de los nacionalistas catalanes, propugnaba una reforma constitucional que recortara los poderes de la Corona, secularizara al Estado, lo liberara de la tutela militar y garantizara la autonomía de las regiones. Ese plan reformista descansaba, según comentará Azaña, en dos supuestos: que la monarquía española, iluminada por el ejemplo de la corona inglesa, no pondría el más mínimo estorbo a las reformas; y que al producirse el movimiento de avance en el orden social que se esperaba después de la Gran Guerra, la monarquía se avendría a renovar el pacto en que descansaba el sistema constitucional.

No ocurrió ninguna de estas dos cosas, pero ambas eran perfectamente factibles. Los procesos de alfabetización, urbanización, industrialización y secularización que habían avanzado de forma muy notable durante el reinado de Alfonso XIII, no encontraron su correlato político en un similar avance en el proceso de democratización. Si la Corona hubiera mostrado un claro propósito, más aún que de abrir un proceso constitucional, de reformar un sistema basado en el fraude electoral; si los partidos dinásticos, que habían denunciado una y otra vez el vacío sobre el que estaba edificado todo el sistema político en España, hubieran optado con firmeza por la limpieza del sufragio, no habrían tropezado con ninguna oposición para llevar a cabo sus proyectos. Conscientes de la necesidad de esas reformas lo eran, al menos, desde principios de siglo: Maura no dejó nunca de hablar de la urgencia de una revolución desde arriba que liquidara el caciquismo; y Canalejas se afirmó como líder del partido liberal proclamándose demócrata y de izquierda.

Pero a pesar de tanto discurso sobre la urgencia de las reformas, nadie puso eficazmente manos a la obra. Ni la Corona, con los partidos del turno, mostró interés alguno en abrir el sistema, ni los reformistas y sus circunstanciales aliados tuvieron fuerza suficiente para imponer su apertura. Las bases sobre las que se había construido la vida política, con el turno garantizado entre conservadores y liberales, y la exclusión de todos los demás, se quedaron definitivamente estrechas. El turno pactado y el fraude electoral, ideados para garantizar la estabilidad del sistema, fueron las causas directas de su altísima inestabilidad desde el mismo momento en que los dos partidos perdieron su liderazgo único y ofrecieron al Rey varias posibilidades para designar al presidente que fabricaría la siguiente mayoría. Así, a medida que el Rey le tomaba gusto al juego político e intervenía de manera más directa en las disputas entre partidos y en el seno de cada partido, los gobiernos tropezaron con crecientes dificultades para llevar mayorías fieles a las Cortes a pesar del permanente amaño de las elecciones. En todo caso, si cuando el Parlamento comenzó a dar muestras de independencia respecto a los gobiernos y a servir como caja de resonancia de los escasos diputados socialistas y republicanos que representaban demandas populares. la Corona y el Ejército no hubieran recurrido al golpe de Estado, es más que probable que la Monarquía hubiera conseguido apoyos suficientes para conducir un tránsito pacífico del liberalismo oligárquico a una democracia de masas.

Lo prueba bien el hecho de que la Monarquía española, a pesar de las turbulencias que acompañaron en toda Europa el fin de la Gran Guerra y la caída de tronos, salió relativamente bien parada de los conatos revolucionarios de 1917. No fue la fuerza de las oposiciones antisistema, reducidas a sus expresiones sindicalistas, socialistas y republicanas, las que hicieron tambalear el edificio monárquico; no fueron el movimiento obrero ni el más bien estancado movimiento republicano los que pusieron en peligro a la monarquía constitucional. La única causa de inestabilidad procedió de la misma clase política del régimen porque, divididos en facciones los partidos dinásticos, la capacidad de los gobiernos de traer parlamentos dóciles se había evaporado: los gobiernos lo eran siempre de fricción y ni siquiera podían garantizar la fidelidad de todas las facciones de su propio partido. En poco más de los cinco años que la Constitución establecía como límite de una legislatura, desde febrero de 1918 hasta el golpe de Estado militar, se celebraron cuatro veces elecciones generales, se suspendieron en nueve ocasiones las sesiones parlamentarias, hubo doce gobiernos y rotaron en la cabecera del banco azul hasta siete diferentes presidentes del Consejo.

En tan elevada inestabilidad parlamentaria y gubernativa no tuvieron arte ni parte el conjunto de las oposiciones, aunque en esos Parlamentos, con los partidos dinásticos divididos en familias en torno a notabIes, era posible que la voz de las oposiciones, por minoritarias que fuesen, resonaran con fuerza. Y así ocurrió en los de 1920 y1923 cuando socialistas y republicanos, además de algunos destacados liberales, comenzaron a exigir la apertura de un proceso exigiendo responsabilidades por los desastres de la guerra de Marruecos. Fue ese clamor el que se pretendió acallar recurriendo esta vez no a una suspensión del Parlamento, práctica muy habitual en el sistema de la Restauración, sino a su disolución pura y simple. La responsabilidad, por tanto, del golpe de Estado militar que acabó con la Constitución de 1876 hay que atribuirla directamente a la Corona que, si no fue su directo artífice, nada hizo por evitarlo ni por aparecer por encima del acontecimiento, quedando como reserva de futuro. El Rey recibió al Dictador con toda cordialidad y pocos meses después presumió de él ante el Rey de Italia como de "mi Mussolini", con lo que acabó por identificar la monarquía con la dictadura. Por supuesto, la connivencia del Rey con el Ejército venía de mucho antes, al menos desde que obligó a un Parlamento débil a aceptar en 1906 aquella especie de revolución incruenta que, según las palabras del entonces republicano posibilista Melquiades Á¡varez, había sido la ley de jurisdicciones, con la que los militares respondieron a las protestas por la insubordinación de la guarnición de Barcelona y por su ataque a periódicos satíricos y catalanistas. Reservándose un espacio propio de poder militar autónomo, el Ejército pasó a ser una fuerza de seguridad interior, con los capitanes generales en papel de grandes jefes de policía, y una fuerza política, a disposición del Rey. El recurso a la dictadura en 1923 fue el resultado de la progresiva confianza de la Corona en el Ejército, y la identificación que a partir de ese momento se produjo entre monarquía y dictadura no fue la consecuencia de una cultura política de la protesta, ni la conclusión a la que habría negado un grupo de intelectuales en mal de revolución o con la pretensión de empezar la historia desde cero, sino la lección que de sus experiencias políticas habían sacado las elites de la nueva clase media: con la monarquía era imposible la democracia.

El golpe de Estado de 1923 trastocó el desarrollo de la política española en varios aspectos fundamentales. Ante todo, dejó sin respuesta el dilema acerca de las posibilidades de desarrollo democrático de la Monarquía constitucional. Raymond Carr lo plantearía con una célebre imagen: Primo de Rivera actuó asegurando que remataba un cuerpo enfermo cuando en realidad estaba estrangulando a un recién nacido; su golpe de Estado "triunfó porque asestó el golpe al sistema parlamentario en el momento en que se operaba la transición de la oligarquía a la democracia". Manuel Azaña, testigo de los hechos, habría compartido la opinión de Carr: el golpe no fue la acción quirúrgica destinada a sajar el cáncer de la vieja política, sino la prueba definitiva de la voluntad de la Corona de liquidar las Cortes precisamente en el momento en que iban a hacerse "intérpretes de la opinión pública". Antes de permitir el funcionamiento pleno y prestigioso del Parlamento prefirieron destruirlo, escribió Azaña. Por supuesto, lo recién nacido no era el régimen constitucional dotado de un Parlamento, viejo ya de casi cincuenta años, sino el inicio de su evolución hacia un parlamento democrático, inevitable a no ser, claro esta, que se cruzara un espadón al modo del siglo XIX. No es sorprendente que por haber liquidado de un plumazo esos cincuenta anos de tradición liberal y parlamentaria se tenga hoy el golpe de Primo de Rivera como "uno de los momentos más catastróficos de nuestra historia contemporánea».

Pues en lugar de esa evolución orgánica hacia la democracia, el golpe de Estado legitimó de nuevo el recurso a la violencia y a las armas para alcanzar el poder y cambiar de hecho un régimen político. El éxito fácil y la anuencia o pasividad social con la que fue recibido era como una invitación a que cada cual lo intentara de nuevo. En este sentido, la Dictadura fue como un retorno a la política del siglo XIX, cuando las llamadas a la insurrección, la revolución o la intervención de los espadones eran moneda corriente para conseguir el cambio de gobierno. En junio de 1926 y en enero de 1929, los liberales conspiraran con militares adeptos para derrocar por la fuerza al dictador. Ahora sí que se había levantado definitivamente la veda impuesta a las armas como instrumento para conquistar el poder, pues esa relegitimación de la violencia fue compartida por los republicanos que en agosto de 1930 constituyeron un comité revolucionario provisional para acabar con la Monarquía, y por los socialistas que se les unieron en octubre para prestar el calor popular a lo que en principio se había programado como insurrección militar. De nuevo, como desde los años treinta a los setenta del siglo XIX, la imagen de los militares insurrectos y el pueblo en la calle, unidos en su común propósito contra el Rey, recuperó su empañado prestigio. Los derechos de la "sacra insurgencia española» fueron invocados, con general aplauso, por un penalista como Luis Jiménez de Asúa en su defensa de los miembros del comité revolucionario procesados por su participación en el intento fracasado de instaurar la República por medio de una insurrección militar arropada en una huelga general. La dictadura acabó por sacar a la superficie la ultima conclusión implícita en la cultura política de desprecio al parlamento forjada en cincuenta años de fraude electoral; donde se pusiera un militar dispuesto a hacerse oír, o donde el pueblo volviera a beber otra vez en las fuentes de la sacra insurgencia, las urnas debían callar.

Además de ese renacido prestigio de la violencia y el consiguiente desdén por las urnas, el golpe de Primo de Rivera cerró toda posibilidad de encontrar dentro de la monarquía constitucional la solución al problema constituyente que los diferentes movimientos, obrero, parlamentario, catalanista, militar, y figuras muy representativas de las elites intelectuales, como Ortega, habían colocado en primer plano de la política desde 1917. En lugar de una reforma de la Constitución, que habría sido la más plausible vía para salir de la inestabilidad permanente a que condujo el sistema del turno desde ese ano, y para la que no habrían de faltar a la Corona las necesarias asistencias en un amplio campo de fuerzas políticas, España se encontró de pronto sin Constitución. Había que comenzar otra vez desde el principio y abrir un proceso constituyente, como había sido el caso tantas veces en el siglo XIX. La Dictadura lo intentó con una Asamblea corporativa y como era lógico dado el nivel de desarrollo cultural del país, fracasó. Lo intentaron también, una vez despedido del poder el general Primo de Rivera, los constitucionalistas, que pensaron en la apertura de un proceso constituyente aun sacrificando a Alfonso XIII, a quien se pediría la abdicación en alguno de sus hijos. Fórmula tardía, pues la identificación de monarquía y absolutismo se había extendido como un reguero de pólvora hasta encender la movilización popular que finalmente daría al traste con la Corona. Su tardía caída no fue, como las de los Habsburgo y los Romanov, una consecuencia de las turbulencias que siguieron a la Gran Guerra, sino el fruto de su opción política, libre e innecesaria, por la Dictadura.

No es difícil imaginar lo que habría sido la política española si Primo de Rivera no hubiera liquidado, bajo la benévola mirada del Rey la constitución de 1876. Recursos había en grado suficientes, y asistencias no habrían de faltar, para que la Corona con el Parlamento condujeran el proceso de transición del liberalismo a la democracia y aseguraran así el futuro de la Monarquía sin rupturas de continuidad y el futuro del Estado constitucional al abrigo de asaltos insurreccionales. Con el republicanismo declinante, como se puso de manifiesto en las últimas elecciones generales, los reformistas y los socialistas se habrían incorporado paulatinamente, pero de manera significativa, a las instituciones parlamentarias y habrían podido acceder a gobiernos de coalición. El modelo británico que inspiró a Cánovas en 1876 habría inspirado también al partido socialista y a su poderosa Unión sindical por el camino de la incorporación al sistema parlamentario como un complemento natural de su activa presencia en los ayuntamientos y en las instituciones para la reforma social desde principios de siglo. No se trata de una lucubración gratuita: el triunfo socialista en Madrid en las elecciones de 1923 reforzó a su ala política en el empeño de constituir una verdadera oposición parlamentaria y no quedar reducida a la mera protesta antisistema; y por lo que respecta a su ala sindical fue precisamente el ejemplo del sindicalismo británico el que la guió en su colaboración con la política corporativa puesta en marcha por el Directorio Militar. Si tal fue el camino en esa circunstancia anómala para la actividad legal de los partidos políticos, nada habría impedido, con la Monarquía constitucional, un ascenso simultáneo del partido socialista y de la UGT a las instituciones parlamentarias y a los organismos de negociación de convenios y conflictos colectivos. Convertida en democrática y parlamentaria, la Monarquía habría contado con una verdadera alternativa por la izquierda a los partidos del turno.

Pero al identificarse con una Dictadura que pretendió perpetuarse en el poder, la caída del dictador en enero de 1930 arrastró en poco más de un año su derrumbe y la instauración de la República en el momento de mayor crisis europea, con el ascenso de los fascismos y la sombra de la crisis económica de 1929. Así resultó que la Corona y el Ejército, a la vez que liquidaron la monarquía constitucional de 1876, pavimentaron el camino hacia la República, un resultado que es preciso atribuir al poco articulado pero imparable sentimiento contra el Rey que se extendió por las ciudades españolas desde la misma caída del dictador y que condujo a una alianza de la clase obrera organizada por los socialistas con las clases medias incorporadas a partidos republicanos. Ese movimiento vino a desembocar en la pacífica proclamación de la República el 14 de abril de 1931, celebrada, por lo inesperado, como un advenimiento, como una especie de anticipado regalo de primavera. Pero el carácter festivo de su proclamación, la fiesta popular que acompañó su instauración, la ausencia de una fuerza política a la que pueda atribuirse su existencia, no debe despistar sobre el contenido que el festejo adquirió, como el de fruta madura caída del árbol. En ese sentido, es por completo gratuito afirmar que la República vino en España demasiado pronto: su llegada fue el punto culminante de un proceso de evolución social que había ido cobrando fuerza durante los años veinte. No que deba entenderse como producto mismo de en evolución social, como si hubiera sido determinada por ella; sino que el proceso de modernización de la sociedad española, sostenido en una transformación de su estructura productiva, no había ido acompañado de una similar evolución de su sistema político, que caminó por así decir al revés, de un liberalismo oligárquico a una dictadura militar. La República vendría a corregir ese desvío y a poner las cosas otra vez en el sitio al que la Monarquía pudo, pero finalmente no supo o no quiso, conducirlas: la democracia.

Santos Juliá

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Nota Re: ¿Qué hubiera pasado en España sin el golpe militar de 1936?
España sin Guerra Civil ¿Qué hubiera pasado sin la rebelión militar de 1936? (Parte 2ª)


La democracia se instauró así como un lógico complemento político de la evolución social y cultural experimentada durante las tres décadas anteriores. Bien podría decirse, en este sentido, que la República y no la guerra fue la verdadera continuidad de la historia de España una vez que la Monarquía quiso desviarla del curso que lleva del liberalismo a la democracia recurriendo a una dictadura militar. Por supuesto, la democracia pudo haberse instaurado dentro de la forma de Estado monárquica, pero la obstrucción de la Corona y del Ejército lo había impedido. Se instauró en forma republicana, como resultado inmediato de unas elecciones municipales que todo el mundo, incluso el Gobierno, había entendido como un plebiscito sobre la monarquía. Perdieron los monárquicos en todas las capitales y, dentro de ellas, incluso en los distritos que tradicionalmente les pertenecían: hasta algunos notorios ex ministros de la Corona presumían de haber votado la lista de la coalición repubhcano40cialista y muchos debieron de ser los "monárquicos rencorosos" que votaron en aquella ocasión, más que por la República, contra el Rey. Los mandos de la Guardia Civil y del Ejército, que no estaban para esos distingos, no evaluaron mal la situación cuando hicieron saber al Rey que acataban la voluntad popular. Se ha dicho que el Rey se marchó por evitar derramamientos de sangre, pero la verdad del caso fue que nadie estaba dispuesto a derramar ni una sola gota para que se quedara.

Si la República advino de forma pacífica, como resultado de una consulta electoral, en medio del regocijo popular, con guardias civiles y soldados festejando su triunfo con los paisanos, sin una perceptible oposición, con el rey abandonado incluso por quienes debían haberle mostrado su fidelidad, ¿cómo fue que no logró consolidarse? Una interpretación habitual tiende a considerar que debido a la políticas seguida por los fundadores del nuevo régimen, la República experimentó un proceso de creciente ascenso a los extremos al que luego es obligado atribuir la definitiva prueba de fuerza entre las dos Españas. La ausencia de un fuerte partido de centro, en un sistema de pluralismo fragmentado, habría sido la causa de que el conjunto del sistema evolucionara hacia una extrema polarización de la que resultaría casi de manera fatal la guerra civil. No faItan historiadores que hayan visto nacer el río que desembocaría en la guerra nada menos que en la ruptura entre el partido de Acción Republicana, dirigido por Azaña, y el Partido Radical, de Alejandro Lerroux, en diciembre de 1931. O que hayan atribuído el hundimiento de la democracia a supuestas políticas excluuyentes y hasta a rasgos de carácter del primer presidente del gobierno constitucional.

Ni la polarización ni esta supuesta falta de centro, y mucho menos el psicologismo de andar por casa pueden explicar los obstáculos de índole política con que tropezó el proceso de consolidación del régimen republicano. Los problemas fueron algo más complejos y cambiantes según las distintas fases por las que atravesaron sus conflictos sociales y la configuración de su sistema de partidos. En 1931, algunos de los partidos fundadores de la República eran recién nacidos; otros, aunque veteranos, acababan de atravesar un largo período de clandestinidad; y sólo uno, el socialista, podía presumir de una amplia base social por sus relaciones mis que fraternales con uno de los dos grandes sindicatos. La mayoría de esos partidos disponían de una débil base organizativa y de una sólo incipiente institucionalización, lo que no impidió que el gobierno del que formaban parte, una vez aprobada la Constitución y aun antes, emprendiera un amplio y profundo programa de transformación política y social destinado a satisfacer las grandes expectativas levantadas por la sola instauración del nuevo régimen: reforma militar; legislación laboral, separación de la Iglesia y el Estado, secularización de las, leyes, estatuto de autonomía de Cataluña, reforma de la propiedad agraria, extensión de la escolarización primaria, planes de regadío que transformaran en un vergel las áridas tierras del interior.

Podría pensarse que los problemas para la consolidación de la República procedieran de la inicial identificación del gobierno con el nuevo régimen, lo que implicaba un tipo de legitimación excluyente de todos los que no habían declarado su fidelidad a la República, o sea, el catolicismo político más los diversos y fragmentados grupos monárquicos. Pero esta identificación entre fundadores del régimen y gobierno dejó de existir desde finales de 1931 con la sucesivas salidas de la Derecha Liberal Republicana y del Partido Radical. Manuel Azaña, presidente del primer gobierno constitucional formado en diciembre de 1931, percibió bien los peligros que podían derivarse de que el sistema de partidos no contara con una oposición leal en el Parlamento y dio por bien venida la salida del Partido Radical de la coalición republicano-socialista, porque pensaba que de esa manera el gobierno no se identificaba con el régimen y que, por tanto, existía la posibilidad de soluciones alternativas de gobierno sin necesidad de disolver las Cortes.

Los problemas para el gobierno de coalición republicano-socialista no procedieron ni de su supuesta legitimidad excluyente ni de un ascenso a los extremos, inexistente en los dos primeros años de República, sino de la distancia entre los propósitos reformistas y la base social y política de su poder: aquel gobierno. además de estar formado por partidos políticos débiles y heterogéneos. no disponía de recursos suficientes para ejercer sobre la sociedad un control firme que le hubiera permitido llevar adelante su ambicioso plan de reformas políticas y sociales superando los formidables obstáculos que habrían de salir a su paso. En esas circunstancias, más habría valido emprender menos reformas, o emprenderías más progresivamente, que abordarlas todas de una vez. Su debilidad procedió de su propia heterogeneidad -socialistas, republicanos de izquierda, republicanos radicalsocialistas y nacionalistas catalanes y gallegos- enfrentada al poder de las oposiciones que actuaban fuera o en los márgenes del sistema: anarcosindicalismo, catolicismo político, monarquismo. A pesar de todo, el gobierno resistió bien las intentonas insurreccionales: las huelga generales revolucionarias anarcosindicalistas fracasaron estrepitosamente, como ocurrió también con la rebelión de algunos mandos militares con complicidades en los círculos de la vieja oligarquía monárquica. La que no pudo resistir, sin embargo, fueron las prisas del Partido Radical y del presidente de la República, esto es, del sector republicano que se había marginado del gobierno en octubre y diciembre de 1931, por cambiar el signo de la política.

En la nueva situación abierta por la intervención del presidente de la República, el Partido Radical, miembro de la coalición fundadora del nuevo régimen, se dispuso a gobernar con el apoyo parlamentario del otro partido triunfador en las elecciones, el nuevo partido católico reunido como Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). La llegada a los aledaños del gobierno de un partido antes inexistente y que nunca había mostrado su fidelidad a la Constitución abrió un período de conflictos sociales y de inestabilidad gubernativa. Estas dificultades se multiplicaron por el abandono del Partido Radical de un sector que no aprobaba el tipo de alianza sellado con los católicos, y por el deslizamiento de algunos partidos que en la fase anterior habían tenido responsabilidades gubernamentales a formas de oposición antisistema. El partido socialista y los nacionalistas de izquierda catalanes no dudaron en blandir la amenaza de revolución si la CEDA entraba en el gobierno, amenaza que materializaron en octubre de 1934 cuando el presidente de la República accedió a la incorporación al gobierno presidido por el Partido Radical de tres ministros de un partido que no había declarado su fidelidad a la Constitución.

La revolución de octubre de 1934 volvía a mostrar, por una parte, el prestigio de los levantamientos armados sobre el veredicto de las urnas; por otra, la relativa facilidad con que la República, manteniéndose fieles al ordenamiento constitucional sus fuerzas armadas y de seguridad, podía sofocar los movimientos insurreccionales. La revolución, con su secuela de muertos, heridos y represaliados, dejó profundas heridas. Es lógico que, iniciada la guerra, no faltaran quienes señalaran la revolución de Octubre, entre ellos el mismo Azaña, como el comienzo de una carrera hacia la catástrofe. En realidad, la relativa facilidad de su derrota alejó la posibilidad de una nueva intentona. De los acontecimientos de octubre, la lección que derivaron sus principales protagonistas fue la de volver a las urnas como medio para llegar al poder. El problema del lado de los derrotados en esa revolución no iba a proceder tanto de un ascenso a los extremos, de una polarización cuyo protagonista sería ahora la izquierda del partido socialista, como del proceso de división interna que afectó a este partido y que acabó por inutilizarlo como una fuerza estabilizadora de la República en el período que entonces se abría.

Pero que el partido socialista quedara inutilizado por sus disensiones internas podía haber sido interpretado por las fuerzas del centro y de la derecha como la gran ocasión para iniciar una política de apaciguamiento y reequilibrio social; si no lo hicieron, no fue porque resultara imposible, sino porque su opción política iba por otros derroteros. La CEDA accedió al gobierno en octubre de 1934 y se dispuso a ejercer el poder en coalición con el Partido Radical con el propósito de impulsar la reforma de la Constitución en una dirección autoritaria y corporativa La experiencia no fructificó en estabilidad ni eficacia gubernativa, todo lo contrario. El período que se inició con la llegada de la CEDA al gobierno y se cerró con la negativa del Presidente de la República a ofrecer a su lider la presidencia fue el más inestable de todos, no ya porque las crisis se sucedieran sin tregua, sino porque la composición de los gobiernos y, por tanto, su política cambiaba significativamente si la CEDA retiraba a sus ministros o si accedía a mantenerlos, aunque sustituyéndolos para reforzar su linea antirreformista. A nadie más que a la CEDA hay que atribuir que un ministro como Giménez Fernández fuera retirado de la circulación por parecer que su política agraria era un sucedáneo de la llevada a cabo por los "rojos".

La negativa de Alcalá Zamora a encargar a Gil Robles la formación de un nuevo gobierno tras el hundimiento del Partido Radical abrió la tercera tase de la política republicana con una nueva disolución anticipada de las Cortes que tampoco sirvió para estabilizar el sistema ni los comportamientos electorales. Con la derecha dividida y con los partidos de izquierda -desde los republicanos a los comunistas- formando una coalición electoral, el mismo sistema que primó el triunfo de la derecha en 1933 se encargó ahora de otorgar una neta victoria en escaños a quienes sólo habían obtenido un discreto triunfo en votos. No fue posible, sin embargo, ni la reducción del número de los partidos que acudieron a las primeras elecciones, ni la persistencia de los que estuvieron en el origen del sistema, dos condiciones básicas del proceso de consolidación. Por el contrario, el número total de partidos con representación parlamentaria aumentó ligeramente, mientras los partidos más relevantes, o desaparecieron. como el Radical, o sufrieron procesos de división interna, como el PSOE y la CEDA.

Por debajo de la apariencia de los dos bloques o frentes alineados en orden de batalla, un frente popular y un frente de la contrarrevolución, lo que realmente existían eran meras coaliciones electorales que englobaban a partidos incapaces de formar un gobierno de coalición o constituir una disciplinada y homogénea oposición. El panorama político de la primavera de 1936 no es el de una polarización, un ascenso a los extremos, sino el de una profunda fragmentación de pequeños grupos políticos y de escisión o división de los grandes. Los problemas no se derivaron, pues, de que los grandes partidos ocuparan posiciones antisistema en extremos bilaterales excluyentes, sino de que sus divisiones internas los incapacitaron para sostener al gobierno y para mantener la disciplina de una oposición dentro de los cauces constitucionales. Mientras el PSOE se escindía entre quienes deseaban reforzar el gobierno incorporándose a él y quienes esperaban su desgaste como la gran ocasión para hacerse con todo el poder, la CEDA se dividía entre quienes pretendían manifestar públicamente su compromiso con la República y quienes se sentían atraídos por el lenguaje combativo y fascista de la oposición monárquica. En la fragmentación de los grandes partidos, que afectó también a esa gran fuerza política en que el Ejército se había transformado desde los primeros años del reinado de Alfonso XIII, más que en la polarización general de la sociedad o en un ascenso a los extremos de la revolución o del fascismo, es donde hay que buscar las causas del deterioro político tan evidente en la primavera de 1936.

Con todo, tal como iban las cosas cuando comenzaba el verano, si las fuerzas armadas y de seguridad hubieran guardado su juramento de lealtad a la Constitución, lo más probable era que un numeroso sector del partido socialista se incorporase de nuevo, antes de finalizar el año, a un gobierno republicano bajo la presidencia de Indalecio Prieto. No le habría resultado fácil a ese gobierno, aunque en modo alguno pueda darse por hecho que le hubiera resultado imposible, imponer el restablecimiento del orden público y encauzar la movilización obrera hacia objetivos compatibles con el mantenimiento del orden constitucional y democrático. El partido comunista, aunque débil y sin verdadero poder en las organizaciones sindicales, habría sostenido a un gobierno de esas características como lo hizo en Francia siguiendo la pauta de la política de frente popular acordada por la Internacional Comunista en 1935, y como lo haría en la misma República desde mayo de 1937, incorporando a dos ministros al gobierno de coalición presidido, si no por Indalecio Prieto, sí por Juan Negrin, un socialista de su misma tendencia. La UGT, dirigida por la izquierda socialista, no habría vuelto en ningún caso a aventuras insurreccionales, mucho menos contra un gobierno republicano. Quedaba desde luego la CNT,

Pero el agotamiento de la vía insurreccional, varias veces intentada desde 1931, no aconsejaba volver a ensayar sobre todo si enfrente había un gobierno republicano-socialista sostenido por los comunistas; y aun si lo hubiera intentado, su final no habría sido muy diferente al que tuvieron los sucesos de mayo en la Barcelona de 1937.

De manera que si en 1923 las cosas pudieron haber discurrido a la manera británica, con una monarquía liberal evolucionando hacia la democracia, en 1936 ningún obstáculo insuperable impedía que hubieran discurrido a la manera francesa, con un gobierno de coalición republicano-socialista apoyado en el parlamento por los comunistas. Ciertamente, el grado de inestabilidad del régimen parlamentario español de 1923 era muy superior al británico; como era también más grave en España que en Francia la situación del orden público, con la aparición de pistoleros y los asesinatos políticos (pero no más amplia la movilización obrera, con la ocupación obrera de fábricas en Francia a raíz de los respectivos triunfos de sus frentes populares en 1936). Pero tanto en un momento como en otro, eran cuestiones de orden político las que estaban planteadas, que podían ser resueltas con iniciativas del mismo orden: ni a la Monarquía le faltaban recursos, ni la República había agotado todas sus posibilidades. En un caso como en otro, sin embargo, la injerencia militar cerró las vías políticas de solución de los conflictos con consecuencias, también en ambos casos, catastróficas: la caída de la Monarquía en 1931; la guerra civil en 1936.

Pues, en efecto, la guerra civil no fue el resultado inevitable de la situación por la que atravesaba la República española en 1936, sino la consecuencia directa de un golpe de Estado militar. No por muy evidente es menos necesario repetir dos obviedades: si los militares, en lugar de conspirar, hubieran asistido como era su deber al gobierno de la República en sus intentos de restablecer el orden y la paz social, jamás hubiera habido una guerra civil; pero si, puesto que decidieron conspirar, como era su hábito desde 1906, hubieran garantizado las complicidades suficientes para dar un golpe sin fisuras, con todo el ejército unánime, se habrían hecho con el poder con alguna mayor dificultad que en 1923 pero no con menor éxito. Un golpe militar realizado sin complicidad alguna en la jefatura del Estado, sin que la totalidad del Ejército ni de las fuerzas de seguridad del Estado se sumaran a la rebelión, en un momento de gran movilización sindical, con una masa de obreros jóvenes, poco cualificados, condenados intermitentemente al paro, sin raíces profundas en las ciudades, con una historia reciente de huelgas y de intentonas insurreccionales, y con un gobierno desasistido por quienes le habían confiado el poder, es lo que explica que su resultado no acabara, como en septiembre de 1923, en el triunfo neto de los rebeldes, con un rápido control del Estado; pero tampoco. como en agosto de 1932, en el triunfo neto del gobierno, con un rápido sofocamiento de la rebelión.

Esas eran tal vez las cuentas que, respectivamente, se habían hecho los conspiradores y el gobierno: que quizá con un poco más de dificultades que en ocasiones anteriores, un intento de golpe acabaría en un rápido triunfo o en una rápida derrota. Las experiencias de los años recientes permitían abrigar contradictorias esperanzas: unas habían mostrado lo fácil que resultaba derrocar un régimen cuando un puñado de valientes se decidían a salir a la calle o a organizar una revolución: la Monarquía constitucional no había ofrecido resistencia alguna al golpe de Primo de Rivera; y a la Monarquía dictatorial se la había llevado el viento levantado por unas elecciones municipales. Pero las experiencias más cercanas habían demostrado también lo contrario, lo difícil que resultaba derribar un gobierno cuando actuaba con rapidez y contundencia contra los insurrectos: así había ocurrido en el intento de golpe de Estado en agosto de 1932 y así de nuevo en la revolución de octubre de 1934. En julio de 1936 fracasó la rebelión pero no triunfó el gobierno que, presidido por Casares Quiroga, presentó su dimisión para dejar al Presidente de la República, Manuel Azaña, la posibilidad de buscar alguna solución de compromiso que evitara la guerra. La búsqueda duró una noche: Martinez Barrio, encargado de formar nuevo gobierno, intentó una aproximación a los rebeldes, que fue rechazada de plano por su principal cabecilla, el general Mola. Si la República no quería sucumbir ante los militares, no quedaba otra posibilidad que armar a los sindicatos para que se enfrentaran a la rebelión. Así comenzó una situación no prevista por los rebeldes ni querida por el gobierno: un golpe militar que triunfaba en su intento de establecer una base territorial de poder pero que fracasaba en su objetivo de hacerse con el gobierno del Estado; y un Estado que para contener la rebelión tuvo que armar milicias sindicales o de partidos obreros que, al disponer de armamento, inician una revolución social. Es la guerra, pero es a la vez, donde los militares triunfan, la contrarrevolución y. donde los leales logran mantener el control, la revolución. En resumen, una guerra civil que no podrá acabar en un armisticio como primer paso de una reconciliación, no ya porque la sangre derramada en las primeras semanas creara un abismo de odio difícilmente superable entre leales y rebeldes, sino porque lo que estaba en juego era qué tipo de sociedad y de Estado iba a salir del enfrentamiento armado.

Desechado el relato de las dos Españas, reducidas a proporciones simplemente humanas las causas del golpe de Estado de 1923 y de la debilidad y fragmentación republicana de 1936, la guerra civil no puede considerarse como continuación de la historia reciente de España ni como su resultado ineluctable. Tanto si la monarquía se hubiera abierto a la democracia como si la República hubiera consolidado un régimen democrático, ambas cosas perfectamente posibles, se habría podido escribir la historia de España en el siglo XX sin guerra civil. La guerra fue una interrupción de esa historia, un profundo tajo infligido a un cuerpo en el momento en que experimentaba un estiramiento que le permitiría incorporarse a la corriente general de civilización europea de la que se sentía como apartada desde las guerras napoleónicas.

En efecto, lo que cualquier observador de la sociedad española de las dos décadas que siguieron ala guerra puede percibir si las compara con el primer tercio de siglo es un brusco retroceso, una quiebra de continuidad: la España de 1940 es como la negación, en todos los órdenes de la vida, de la España de 1930. Pero si ese mismo observador fija su atención en los años diez y veinte y extiende luego la mirada hasta los sesenta y setenta podrá apreciar, para su sorpresa, que ahí radica la continuación, por caminos imprevistos, de aquella historia bruscamente interrumpida en 1936. Entre 1900 y 1930, España experimentó un rápido proceso de urbanización y un sorprendente período de plenitud artística, cultural y científica, en medio de una movilización de sus clases obrera y media que van a empujar el sistema político hasta la primera democracia de nuestro siglo que fue la República. Algo similar se repitió desde mediados de los años sesenta hasta comienzos de los ochenta: de nuevo una gran transformación social, la aparición de una nueva clase obrera industrial y la ampliación de una clase media técnica y profesional que empujarán otra vez un sistema político dictatorial hacia una segunda democracia. En lo que se refiere a la constitución de la sociedad y a su sistema político, la España de 1978 es más la continuación de la que inició su gran transformación hacia 1910 que el resultado de los años cuarenta y cincuenta.

Por el contrario, ese período intermedio marcado tan de cerca por la guerra civil constituye una profunda hendidura en una línea de desarrollo que tardará veinte años en reanudarse por lo que se refiere a la formación de una sociedad industrial moderna y otros quince más si lo que se tiene a la vista es el régimen político. Cualquier representación gráfica de cualquier magnitud de las que permiten apreciar la modernización de un país, desde el nivel de alfabetización al porcentaje de población urbana, ofrece idéntico perfil: una línea que parte de valores muy bajos en 1900, sube de manera lenta y sostenida en los primeros quince años del siglo, se acelera a partir de ese punto, sufre una profunda quiebra en 1936, vuelve penosamente a recuperar los valores perdidos a medida que transcurren los años cincuenta y sólo se reanuda a buen ritmo cuando han comenzado los sesenta. la guerra y todo lo que le siguió, si sólo se tiene en cuentan esos datos, señala, en lugar de la continuación más o menos normal de la historia de España,su gran anomalía.

Pues desde principios de siglo y, muy aceleradamente, desde la Gran Guerra, España experimentó los comienzos de su gran transformación. En sólo veinte años, la población dedicada al sector primario descendió 20 puntos porcentuales hasta caer por vez primera por debajo de la mitad de los activos. A pesar de los desequilibrios de ese cambio, de la persistente pobreza de muchas zonas rurales, de la precariedad de equipamientos urbanos, de la proliferación de suburbios miserables en las afueras de las ciudades, se trata de un cambio de dimensiones espectaculares para un país atrasado pues arrastró la salida del mundo rural de dos millones de personas. Los campesinos inmóviles en los que Unamuno buscaba el ser eterno de España abandonaron la agricultura por cientos de miles para buscar trabajo en las industrias, la construcción y los servicios: casi todo lo que de población aumentó España entre 1900 y 1930 -de 18.6 a 23.7 millones- repercutió en el crecimiento de los municipios de más de diez mil habitantes, que pasaron en el mismo período de seis a diez millones. Las principales ciudades doblaron en los treinta primeros años de siglo su población. No, desde luego, que alcanzaran las magnitudes de las grandes ciudades europeas, porque otro era el punto de partida, pero sí que comenzaban a perder el aire de ciudades de servicios en un medio abrumadoramente rural: Madrid y Barcelona superaron el listón de su primer millón de habitantes, mientras Sevilla, Zaragoza y Valencia rebasaban con creces los doscientos mil, Bilbao y Málaga superaban por vez primera los cien mil y hasta en la dormida e inmóvil Castilla ciudades como Salamanca daban su primer gran salto hacia adelante. No cabía duda de que en los años veinte una gente nueva, gente joven, pugnaba por emerger, presionando desde abajo y desde los márgenes de las viejas ciudades. Nuevo y viejo no era sólo en las primeras décadas del siglo una metáfora, una figura literaria: era que la demografia había cambiado de signo y que las ciudades, en camino de doblar su población, rebosaban por todas partes de jóvenes.

Abundancia que no era únicamente el resultado de la emigración sino el de cambio de signo demográfico experimentado desde principios de siglo gracias al control de la enfermedades infectocontagiosas y a la elevación general de la esperanza de vida al nacer. España comenzó a tener una demografía moderna a partir de las primeras décadas de este siglo y nada determinaba el retorno brutal del hambre y las enfermedades contagiosas que fue el resultado directo de la guerra civil. La España que vuelve a ruralizarse en 1940, cuando la población activa dedicada al sector primario sobrepasó de nuevo el 50 por ciento del total, fue una consecuencia directa de la guerra, como lo fue esa tremenda dentellada que se percibe en los tramos medios de su pirámide demográfica de los censos de 1940 y de 1950. La reruralización y la pérdida de cientos de miles de habitantes en lo mejor de su edad, con la miseria, el hambre, la vuelta de enfermedades, el cierre de horizontes, la desmoralización pública, es la prueba más palmaria de la quiebra de continuidad provocada por la guerra: España sin guerra habría culminado la transformación de su agricultura y se habría convertido en un país predominantemente urbano e industrial unos treinta años antes de lo que efectivamente ocurrió.

Sobre todo porque, sin guerra civil, la España de 1939, en lugar de una economía autárquica, cerrada, causa del empobrecimiento de su agricultura y del declive de su industria, se habría situado en excelentes condiciones para repetir en mayor escala su explosión económica del período de la Gran Guerra europea. La coalición republicano-socialista que todavía ostentaría el poder en 1939 no se habría incorporado a ninguna de las dos grandes alianzas que se fraguaban en Europa a finales de los años treinta, sino que habría mantenido la misma política exterior de los gobiernos presididos por Azaña entre 1931 y 1933:la propia de una pequeña potencia con tradición de neutralidad. Durante la República, España participó activamente en la Sociedad de Naciones, como integrante del Grupo de los Ocho y, posteriormente, del Grupo de Neutrales, pero siempre evitó comprometerse en pactos de defensa mutua con ninguna potencia europea, aunque el "peso del factor francés" fuera muy notable en la definición de sus preferencias. La visita del presidente de la República Francesa, Edouard Herriot, que posteriores comentaristas han considerado como la gran ocasión perdida por la República para asegurar un firme aliado exterior, no condujo en 1932, ni se lo propuso, a ningún compromiso en el terreno militar; sino a movilizar el apoyo español para el nuevo plan de desarme presentado por Francia. Con un Manuel Azaña demasiado convencido - y con razón, pues había seguido de cerca el desarrollo de la interminable guerra de Marruecos- de la impotencia militar del Estado español y reacio a firmar nada que comprometiera a la República en una alianza en la que necesariamente jugaría un papel subordinado, a lo más que podía aspirar la diplomacia republicana, y en lo que se empleó a fondo, fue en participar en los planes de desarme protagonizados por loa países neutrales. No fue tampoco la República, por otra parte, un Estado cortejado ni por Gran Bretaña ni por Alemania, que se contentaban sencillamente conque mantuviera su tradicional neutralidad, fruto más de una impotencia que de una opción libre.

Para decirlo en pocas palabras: España no contaba realmente como potencia militar en la Europa de los años treinta.

En estas condiciones, un gobierno republicano-socialista que hubiera sabido bandear, sostenido por sus fuerzas de seguridad, los conflictos sociales que amagaban en 1936, habría mostrado tres años después sus simpatías hacia los aliados, pero seguramente habría repetido la misma política de neutralidad que liberales y conservadores habían observado en 1914. No es difícil imaginar las causas: España no disponía de un ejército capaz de participar en una guerra mecanizada como la desencadenada por Alemania desde su ataque a Polonia El armamento era exiguo y anticuado y la capacidad de movimiento muy limitada: con una política exterior dirigida a impulsar los planes de desarme, y con un presupuesto interior insuficiente para iniciar un programa de rearme, la capacidad ofensiva del ejército español permaneció durante los años de República en un nivel muy modesto, como ya había advertido Manuel Azaña en su tiempo de ministro de la Guerra y como la misma guerra civil se encargaría de demostrar La armada y la política naval se dirigían, desde el desastre de 1898, más a la defensa del litoral y a garantizar una presencia en Marruecos que a medirse con las potencias europeas; las fuerzas de aviación estaban en mantillas. Si con Franco como aliado que salió de la neutralidad para declararse beligerante, los alemanes no consideraron prioritario invadir España para intentar desde tierra el control del Estrecho de Gibraltar con un gobierno democrático que se hubiera declarado neutral, se habrían empIeado exclusivamente en garantizar su neutralidad y mantener sus relaciones comerciales, lo que no habría impedido que los intereses británicos en España se mantuvieran activos y que no decayera en absoluto el comercio con los aliados.

Esa neutralidad, sin los destrozos causados por la guerra civil, con una agricultura que comenzaba a ser próspera, con la industria y la construcción que habían dejado atrás desde 1935 la coyuntura recesiva de 1930, con las fábricas funcionando, con una clase media joven y profesional, habría sido ocasión de un nuera salto adelante en el desarrollo económico y habría acelerado la integración de la economía española en la europea. El equipamiento industrial y la experiencia empresarial eran en 1939 muy superiores a lo que habían sido en 1914; las grandes empresas no eran va algo insólito y las principales ciudades se habían convertido en dinámicos centros industriales: la capacidad de exportación no se habría limitado va a los productos agrarios que, por su parte, habían experimentado también un notable desarrollo. Por supuesto, esa mayor integración económica con los paises de una Europa en guerra habría situado a España, al final de la contienda, en excelentes condiciones para participar como socio de pleno derecho en la construcción del nuevo orden internacional plasmado en la Carta de San Francisco y más adelante como socio fundador del Mercado Común europeo. La nación aislada, cerrada, que fue la España de los años cuarenta habría sido protagonista destacada de las conferencias internacionales. Las bases políticas para ser incorporada a esos proyectos estarían dadas con la continuidad de las instituciones republicanas; las.bases económicas se habrían acercado a la media europea gracias a la expansión que sin duda habría acompañado a la neutralidad y, en fin, y más importante, no habría faltado capital humano capaz de situar a España en el mundo abierto por la victoria aliada y por el inmediato comienzo de la Guerra Fria.

Pues, como ya queda indicado, los profundos cambios que la sociedad española estaba experimentando desde principios de siglo habían servido de cimiento al período de esplendor cultural más completo de nuestra historia. Se le ha llamado Edad de Plata y lo fue; pero en la medida en que ese concepto remite directamente al conocido como Edad de Oro puede conducir a un equívoco. En ese tercio de siglo el esplendor no se limitó a las artes y, menos aún a la literatura, sino que comprendió las humanidades y las ciencias: comentaba a no ser extraño tropezarse con ingenieros, arquitectos, biólogos, matemáticos, además de economistas, historiadores, filólogos en medio de la siempre habitual abundancia de literatos, periodistas y abogados; y no se alimentó exclusivamente de una tradición propia, sino que la abrió a las influencias europeas y americanas. Si la generación del 98 se había caracterizado por su tardorromanticismo, por la inclinación al ensimismamiento, la generación del 14 se presentó como plenamente europea por su formación en univenidades de Alemania, Francia, Gran Bretaña, por su dedicación a la investigación científica y por el consciente esfuerzo de europeización que desarrollaron sus más destacados lideres intelectuales. En 1945 esa generación de españoles, reforzada por la generación de la República que los había tomado como maestros y en cuya estela se situó sin necesidad de rupturas, habría acumulado una rica experiencia en las relaciones internacionales y se habría incorporado a la reconstrucción europea sin ningún problema, como la tarea y el destino más natural del mundo. En lugar de esa España europea de 1945, lo que se implantó fue la España "aislada y solitaria", que contemplaba Aranguren en 1953. Fue un destino no ya evitable sino inmerecido; no el resultado de una historia reciente sino de su quiebra: España sin guerra habría continuado y multiplicado sin ruptura de continuidad sus ricos vínculos culturales y diplomáticos con los países europeos.

Europeización que se mostraba también en la rápida y muy normal secularización de la vida. Si algunas de las más ruidosas figuras de la generación del 98 anduvieron angustiadas por el sentimiento trágico de la vida, los que aparecen después llamarán la atención sobre todo por la insultante alegría de su vivir. A pesar de una educación en colegios regentados por órdenes religiosas, la cuestión religiosa no parece haberles inquietado en absoluto. Tal vez Azaña no fue prudente al proclamar en las Cortes de la República que España había dejado de ser católica, pero algo muy parecido escribía poco antes el cardenal Vidal Barraquer al cardenal Pacelli: "Exceptuada alguna región del Norte, hemos de confesar que la España católica, tal como hasta ahora se ha considerado, no respondía a la realidad verdadera del estado social". Habiendo sido tan abrumadora la presencia de órdenes religiosas y contando con una instituciones educativas por las que pasaban los retoños de las clases medias, es sorprendente hasta qué punto era laica la cultura mayoritaria en las principales ciudades. La Iglesia había perdido de antiguo a la clase obrera, pero su influjo sobre el sector de la dase media que protagonizaba esa auténtica revolución cultural era realmente nulo. Su posición al finalizar la II Guerra jamás habría podido ser la que resultó de la guerra civil: el Estado español no habría firmado nunca con el Vaticano un concordato que se aproximara ni de lejos al que estuvo en vigor desde 1953. Fue la guerra civil, no el curso normal de la historia española, lo que dejó todo el terreno del debate público bajo el control de la Iglesia y lo que permitió a un intelectual católico escribir que «en España prácticamente todos los escritores de nuestra generación -todos los que después de la guerra quedamos aquí, pero también muchos de los que se fueron- hemos sido católicos".

Democracia frente a dictadura; economía abierta frente a autarquía; urbanización y desarrollo industrial frente a reruralización; crecimiento económico frente a estancamiento y miseria; participación en la fundación de la ONU y en la reconstrucción de Europa frente a aislamiento; firma del Tratado de Roma frente a pactos con el Vaticano y con Estados Unidos; clase media profesional frente a una empobrecida clase media funcionarial; continuidad de una riquísima tradición cultural frente a las rupturas del exilio; secularización frente a Estado católico: es fácil imaginar el contrafactual de una España sin guerra, porque si no hubiera habido guerra civil, España habría consolidado en los años cuarenta una democracia, habría confirmado el fin de su retraimiento, se habría incorporado a Europa, habría asistido desde el principio a la formación del Mercado Común y luego de la Comunidad Económica Europea, se habría evitado la alianza bilateral con Estados Unidos, se habría liberado de la tutela católico-militar y, sobre todo, habría podido mirar atrás sin renegar de su historia.

HORRENDA E INÚTIL CULPA

Pero cerca de cuarenta años después del comienzo de la rebelión militar; moría en Madrid, la ciudad que durante más tiempo y con mayores sacrificios había resistido al avance de su ejército, el general Franco, todavía y siempre jefe del Estado español. Su rebelión, como la de sus compañeros de armas, había sido calificada por el presidente de la República, Manuel Azaña, como una horrenda culpa que había desgarrado el Corazón de la patria. Horrenda e innecesaria porque no existía ninguna razón que pudiera justificarla: "Aunque hubiesen sido ciertos todos los males que se cargaban a la República no hacía falta la guerra. Era inútil para remediar aquellos males. Los agravaba todos, añadiéndoles los que resultan de tanto destrozo". Y esto es en efecto lo que mejor resume el resultado de la guerra: un destrozo inútil. Azaña catalogó algunos: pérdida de los más preciados valores del patrimonio nacional; vidas y bienes, para siempre; hábitos de trabajo, independencia del espíritu, captado por todos los fanatismos; odios incurables y la lesión moral recibida por las generaciones más jóvenes. En realidad, concluía, la guerra no la han perdido sólo la República y sus defensores, la han perdido todos los españoles.

Puede parecer una visión demasiado moral de concebir los efectos de la guerra. No es cierto que la guerra la perdieran todos los españoles; hubo algunos que la ganaron. Pero en la medida en que era imposible reparar aquel desgarro en el corazón de la patria sin que todos los españoles reconocieran la necesidad de reconstruir la comunidad moral en que consiste toda sociedad, la guerra supondría una quiebra irreparable para todos los españoles. Intentos hubo de reconstruir esa comunidad moral: la Iglesia católica, bajo cuyo control quedaron todas las conciencias individuales y la moral colectiva desde el día siguiente de la victoria de Franco, puso manos a la obra de la "catolización íntegra de la sociedad" con un renovado espíritu de cristiandad. El Estado habría de definirse como católico y la sociedad quedaba obligada a cumplirlos preceptos morales de la Iglesia. De esta manera, lo que había sido un tajo profundo que interrumpía y quebraba una historia se convirtió en desgarro permanente: los vencedores excluyeron de la comunidad moral reconstruida por la Iglesia a los perdedores, entre los que se encontraban no ya la clase obrera organizada en sindicatos, sino toda la tradición anarquista, socialista, republicana y liberal que había sido el soporte social y cultural de la República.

España perdió, con las organizaciones que habían constituido la trama de su vida civil y política desde finales del siglo XIX, a lo mejor de aquellos artistas, literatos, poetas, pintores, músicos, científicos, economistas, historiadores, ingenieros, médicos, arquitectos que habían protagonizado el más denso período de la cultura española.

La Edad de Plata fue seguida por una especie de edad oscura en la que sólo católicos de variada procedencia, fascista, tradicionalista, corporativa, autoritaria, pugnaban por las parcelas del poder que el dictador había confiado a su adininistración - Todos los procesos de modernización y secularización no sólo se paralizaron sino que retrocedieron en el espíritu a los tiempos míticos de los Reyes Católicos. Las frágiles conquistas de los años de República fueron pulverizadas: la legislación social, el parlamento como centro de la vida política, la primacía del poder civil, los estatutos de autonomía, la reforma agraria, la secularización del Estado y de la vida social.

Lentamente, la sociedad española se puso otra vez en movimiento: la clase obrera, los estudiantes, los movimientos nacionalistas, volvieron a sacar la cabeza a medida que se reanudaban los procesos de industrialización y urbanización quebrados por la guerra. La Iglesia católica, anclada en el pasado, vio en una década derrumbarse su dominio moral; la facción vencedora de la guerra civil perdió la hegemonía cultural tan sangrientamente conquistada. Pero el destrozo había sido muy profundo y sus secuelas perdurables: la dictadura había logrado cortar a los españoles de su pasado, borrando y ensuciando el recuerdo de lo que España había sido desde los tiempos de la revolución liberal. Del pasado no valía nada; el pasado había sido un fracaso, del que apenas se podía salvar alguna que otra figura fiel a la tradición eterna de la verdadera España, Donoso, Balmes, Menéndez Pelayo. En medio del silencio que cayó sobre los derrotados, hubo que reconstruir aquel pasado emborronado y discernir en él algo más que motivos para la ira o el llanto.

Esta fue la tarea cumplida por la generación de los nacidos en la guerra civil o inmediatamente después, en los duros años cuarenta. No eran herederos de ninguna tradición, porque habían sido eficazmente cortados de su pasado; no venían a reanudar la historia en el punto en que había sido interrumpida porque sabían que entre esa interrupción y su salida a la vida pública había mediado una guerra y seguía en su plenitud de poder una dictadura; pero sabían que la reconstrucción de una comunidad moral exigía cerrar el desgarro de la guerra civil y de sus secuelas, aprendiendo su terrible lección con la apertura de un proceso constituyente cuyo punto de partida tenía que ser por necesidad una amnistía general.

Puede parecer una convicción fruto del cinismo político y la desmemoria extendidos durante la dictadura; algunos la han tachado de debilidad, de cesión ante los que detentaban el poder desde la guerra misma. En realidad, era la reanudación de una historia que las generaciones de 1914 y de la República no lograton rematar: una constitución del Estado en la que se encuentran cómodos la mayoría de los españoles. Es lo que se puso en marcha inmediatamente que murió Franco y loque se llevó a buen puerto en diciembre de 1978 con la primera constitución democrática de la monarquía. Es una ironía de la historia que el resultado de ese proceso constituyente venga a ser como la continuación, por otros medios y con una Monarquía restaurada, de lo que intentó llevar a término la República. En este sentido. se podría decir que la rebelión militar que dio origen a la guerra civil, además de horrendo delito, fue inútil.

Con otra cultura política, fruto de la doble experiencia de oposición contra, y consentimiento de, la dictadura más que de la continuación orgánica de una tradición liberal y democrática, España ha terminado siendo lo que estaba en germen en la República de 1931 y lo que pudo haber sido si en 1923 la Monarquía no se hubiera echado en manos de un dictador, es decir, lo contrario de lo que intentaron los vencedores de la guerra civil: un Estado integrado en Europa, democrático, con reconocimiento de amplia autonomía a sus nacionalidades y regiones, con fuertes tensiones nacionalistas, secularizado, con las libertades civiles protegidas en su ordenamiento jurídico, basado en una sociedad alfabetizada, pluralista, permisiva, con arraigados elementos familistas y clientelares en su cultura política, con una ambigua relación con el Estado, del que se espera y al que se regatea todo, con un equipamiento industrial y de servicios equiparable al de sus vecinos europeos, con destacadas contribuciones a la cultura. La abolición de las consecuencias de la rebelión militar, de la guerra y de la dictadura, con su afán de exterminio, primero, y con su represiva política de exclusión después, prueba bien que, si irremediable, el pasado impuesto por la guerra civil y por el triunfo de los rebeldes no fue necesario y acabó siendo, como ya predijera Azaña, perfectamente inútil.


Santos Juliá

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Nota Re: ¿Qué hubiera pasado en España sin el golpe militar de 1936?
Buen hallazgo Linense, ¿sabes si pertenece al libro "Historia virtual de España"?

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Nota Re: ¿Qué hubiera pasado en España sin el golpe militar de 1936?
carlosos escribió:
Buen hallazgo Linense, ¿sabes si pertenece al libro "Historia virtual de España"?


No pertenece a ese libro -que por cierto tengo-, ni tampoco a otro similar, "La historia de España que no pudo ser"-.

El artículo de Santos Julia es más bien un artículo ensayístico que publicó en un periódico (supongo que en El País) o en una de sus obras de ensayos históricos (como algunos sabrán ya, es el historiador que más se ha adentrado en la figura de Manuel Azaña).

Por cierto, en cuanto a esos dos libros de ensayos ucrónicos, os relató las distintas hipótesis que tiene cada libro:

Historia virtual de España (1870-2004)
- ¿Qué hubiera pasado si el general Juan Prim hubiese sobrevivido al atentado que sufrió a finales de 1870?
- ¿Qué hubiera pasado si España hubiese aceptado la oferta de compra de Cuba que Estados Unidos le ofreció antes de la Guerra Hispano-Americana?
- ¿Qué hubiera pasado si Alfonso XIII hubiese condenado el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera de 1923?
- ¿Qué hubiera pasado si los partidos republicanos hubiesen concurrido conjuntamente para las elecciones generales de 1933?
- ¿Qué hubiera pasado si Indalecio Prieto hubiese aceptado el encargo de formar gobierno en mayo de 1936?
- ¿Qué hubiera pasado si la dictadura franquista hubiese entrado en la Segunda Guerra Mundial al lado del Eje?
- ¿Qué hubiera pasado si Franco no hubiese aceptado el Plan de Estabilización de 1959?
- ¿Qué hubiera pasado si Carrero Blanco no hubiese sido asesinado por ETA en 1973?
- ¿Qué hubiera pasado si Aznar no hubiese apoyado la Guerra de Iraq en 2003?

La historia de España que no pudo ser
- ¿Qué habría sucedido si el golpe de estado de julio de 1936 hubiese fracasado?
- ¿Qué habría sido de la República sin las armas de la Unión Soviética?
- ¿Y si la República hubiese desechado el cruce del Ebro para poner en marcha el "Plan P" del general Vicente Rojo?
- ¿Qué hubiera sucedido si José Antonio Primo de Rivera no hubiera sido fusilado en Alicante y hubiese llegado a Salamanca en 1937?
- ¿Qué habría sucedido en la Europa de 1939 ante la victoria republicana en la Guerra Civil?
- ¿Qué hubiera pasado si España entra en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler y Mussolini?
- ¿Qué hubiera pasado si la División Azul hubiera triunfado?
- ¿Qué hubiera pasado si el ideal racista nazi hubiera llegado al franquismo, basándose en el pasado visigodo?
- ¿Qué hubiera pasado si el accidente de caza que Franco sufrió en 1961 le hubiese costado la vida?
- ¿Qué hubiera pasado con el franquismo sin Franco pero con Carrero Blanco?
- ¿Qué hubiera pasado si Franco hubiese designado como su sucesor a Alfonso de Borbón-Dampierre (casado con María del Carmen Martínez-Bordiu Franco) en vez de con Juan Carlos de Borbón?
- ¿Qué hubiera sucedido si el golpe de estado del 23-F hubiera triunfado?

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