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La AN investiga a un ministro israelí por crimenes de guerra
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Autor:  Linense [ 30 Ene 2009 22:24 ]
Asunto:  La AN investiga a un ministro israelí por crimenes de guerra

La Audiencia investiga a un ministro israelí por crímenes de guerra

Un bombardeo contra Hamás en 2002 acabó con la vida de 14 civiles palestinos


Ariel Sharon, el entonces primer ministro israelí, calificó la operación de "rotundo éxito". El Ejército de ese país, en su política de asesinatos selectivos, acabó con la vida de Salah Shehadeh, supuesto responsable del aparato militar de Hamás y uno de sus líderes más activos del movimiento la noche del 22 de julio de 2002. Pero el método utilizado -una bomba teledirigida de una tonelada lanzada desde un caza F-16 contra su vivienda del barrio de Al Daraj, uno de los de mayor densidad de población de la ciudad de Gaza- se llevó por delante a la mujer y una hija de 10 años de Shehadeh así como a siete miembros de la familia Mattar, cuya casa se encontraba a sólo dos metros del objetivo de los militares. En total, murieron 14 civiles inocentes, la mayoría de ellos, niños y bebés.

Seis años y medio después de la matanza, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha iniciado la investigación de esos hechos, que en su momento originaron la protesta de la UE, Rusia, China, e incluso del ex presidente de EE UU George W. Bush. El magistrado admitió ayer a trámite la querella presentada por varios de los familiares de los 14 fallecidos contra los presuntos organizadores de la operación. El de más alto rango es el ex ministro de Defensa de Israel, Benjamín Ben-Eliezer, actualmente titular de Infraestructuras. Le siguen el jefe de la fuerza aérea, Dan Halutz; el general del mando sur del Ejército, Doron Almog; el asesor de seguridad Giora Eiland; el secretario militar del ministro, Michael Hertzog; el jefe de Estado Mayor, Moshe Ya'Alon, y Abraham Dichter, director del Servicio General de Seguridad.

El magistrado considera que podrían ser autores de un "delito contra la humanidad". Cree que con su supuesto propósito de cometer "el asesinato" de Sehadeh, el Ejército israelí "decidió lanzar un artefacto explosivo de gran potencia" que, además de la muerte del dirigente de Hamás, produjo "la de otras 14 personas, así como heridas de diversa consideración a otros 150 ciudadanos palestinos, entre ellos niños y bebés".

Ben-Eliezer y el resto de imputados habrían conocido previamente "las consecuencias que tal acción podría conllevar", recuerda Andreu, que califica la operación militar de "claramente desproporcionada y excesiva". También avisa de que la acusación podría ser aún más grave "si en el curso de este procedimiento se prueba que [el ataque] responde a una estrategia preconcebida o predeterminada".

La Audiencia Nacional es el tribunal competente para juzgar los delitos de genocidio, terrorismo o crímenes contra la humanidad cometidos por españoles o extranjeros fuera de España, según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El juez Andreu recuerda además que el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que "lanzar un ataque intencionadamente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil" constituye "un crimen de guerra".

El artículo 608 del Código Penal español castiga con una pena de 10 a 15 años de prisión al que "con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla".

El juez ha enviado ya al ex ministro y al resto de acusados su resolución y, en los próximos días, los citará en su juzgado para tomarles declaración como "inculpados". La ley española no permite que se les juzgue en ausencia, pero Andreu sí está facultado para emitir una orden internacional de detención que podría reducir considerablemente su libertad de movimientos.


España, juez global

- Tíbet. Ismael Moreno y Santiago Pedraz tienen dos causas abiertas contra parte del Gobierno chino.

- Ruanda. Andreu investiga asesinatos sistemáticos contra los hutu tras la vuelta de los tutsi al poder.

- El Salvador. Moreno indaga al ex presidente Cristiani por la matanza de jesuitas de 1989.

- Guatemala. Una orden de detención internacional de Pedraz por el genocidio maya impide salir del país al ex dictador Efraín Ríos Montt.


Noticia sacada por El País: http://www.elpais.com/articulo/espana/A ... inac_8/Tes

Autor:  Linense [ 31 Ene 2009 00:56 ]
Asunto: 

Israel se interesó en diciembre por la seguridad de los siete querellados si salían del país

El embajador en Madrid se reunión con el juez para pedir información.- Fernando Andreu ya tiene una copia de la documentación solicitada en agosto sobre el bombardeo de julio de 2002 en Gaza


El embajador de Israel en España, Raphael Schutz, se reunión el pasado día 7 de diciembre con el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, para interesarse personalmente sobre la seguridad del ministro israelí Benjamín Ben-Eliezer, y seis mandos militares en caso de que saliesen de Israel debido a la querella interpuesta en su contra en España por el bombardeo del 22 de julio de 2002 en Gaza que costó la vida a 14 civiles, según fuentes de la Audiencia Nacional. Este jueves, Andreu admitió a trámite la querella y abrió una investigación para esclarecer los hechos denunciados por familiares de varios de los civiles palestinos asesinados.

En la cita, el juez Andreu trasladó a Schutz que no había nada contra los siete israelíes objeto de la investigación penal debido a que todavía no se había iniciado la investigación judicial porque aún no se había admitido a trámite la querella. El juez Andreu aprovechó la reunión para recordor al representante diplomático la comisión rogatoria enviada a Israel en agosto de 2008 para recoger información sobre una posible investigación de los hechos y que hasta ahora no había sido respondida. Este viernes, un día después de la admisión a trámite de la querella, el Gobierno de Israel ha comunicado al juez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que en los próximos días entregará documentación sobre la operación que con la vida del líder de Hamás Salah Shehadeh junto a 14 civiles palestinos, niños entre ellos, en la franja de Gaza. No obstante, personal de la embaja de Israel en España ha hecho llegar ya al juez una copia de la documentación (unos 400 folios) en inglés y hebreo.

Israel no puede recurrir

La prensa israelí se ha hecho este viernes extenso eco de la apertura de investigación en la Audiencia Nacional. A pesar de que algunos medios de comunicación apuntan al posible recurso de la decisión del juez, este extremo no es posible debido a que Israel no es parte en el proceso y además el auto no le ha sido notificado. El fiscal tiene tres días para recurrir en caso de que lo crea necesario.

En el auto de este jueves, el magistrado considera que los siete israelíes investigados podrían ser autores de un "delito contra la humanidad". Cree que con su supuesto propósito de cometer "el asesinato" de Shehadeh, el Ejército israelí "decidió lanzar un artefacto explosivo de gran potencia" que, además de la muerte del dirigente de Hamás, produjo "la de otras 14 personas, así como heridas de diversa consideración a otros 150 ciudadanos palestinos, entre ellos niños y bebés". Ben-Eliezer, entonces titular de Defensa, y el resto de imputados habrían conocido previamente "las consecuencias que tal acción podría conllevar", recuerda Andreu, que califica la operación militar de "claramente desproporcionada y excesiva". También avisa de que la acusación podría ser aún más grave "si en el curso de este procedimiento se prueba que [el ataque] responde a una estrategia preconcebida o predeterminada".

El embajador de Israel en España, Raphael Schutz, en línea con lo ya manifestado por el actual titular de Defensa , Ehud Barak, ha asegurado este viernes que juzgar a su país por su derecho a defenderse y no hacer lo mismo con los terroristas del movimiento palestino Hamás es situarse en "un mundo que perdió un poco la brújula", informa Efe. Schutz ha afirmado además que la querella tiene "motivos políticos" y persigue "deslegitimar la misma existencia de Israel".

Por otro lado, el responsable de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha anunciado que la coalición se personará como acusación popular en la causa. Meyer ha puntualizado que intentarán que el juez Andreu amplíe su ainvestigación a los "hechos cometidos en el ataque a Gaza iniciado el pasado mes de diciembre".


Noticia sacada por El País: http://www.elpais.com/articulo/espana/I ... unac_9/Tes

Autor:  Linense [ 31 Ene 2009 12:16 ]
Asunto: 

Moratinos promete cambiar la ley para frenar al juez, según la ministra israelí

Livni se congratula de que España haya decidido atajar la jurisdicción universal


El Gobierno español reformará la ley para evitar procesos como el abierto por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.

Así, al menos, se lo anunció el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a su homóloga israelí, Tzipi Livni, según reveló esta última. "El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español", dijo Livni a la agencia Associated Press. "Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo", agregó en una declaración a la que los diarios israelíes dieron ayer amplia difusión.

"Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno", agregó Livni sobre la investigación, que ayer fue portada de los principales diarios de Israel.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores mantuvo durante todo el día de ayer un mutismo absoluto en torno a esta declaración. Moratinos habló por teléfono al menos dos veces con Livni sobre la investigación de la Audiencia Nacional: una el jueves por la noche y otra ayer. En la primera, según adelantó él mismo, el jefe de la diplomacia española expresó a su interlocutora la voluntad del Gobierno español de hacer "todo lo necesario para que [la decisión judicial] tenga el menor impacto [en las relaciones bilaterales] y pueda tener una solución satisfactoria" para ambos países.

Un portavoz de La Moncloa indicó anoche que sólo se están estudiando "ajustes en las leyes procesales españolas" que no pudo precisar, pero que "en ningún caso pasarían por abolir o restringir el principio de jurisdicción universal". Subrayó, además, que la reforma "nunca afectaría a este caso [el ataque contra Gaza], ya que no podría tener carácter retroactivo".

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la competencia de los tribunales españoles sobre todos los delitos, cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse como genocidio o terrorismo. Se da la circunstancia de que el Código Penal israelí también permite enjuiciar a extranjeros por crímenes cometidos fuera sus fronteras, aunque sólo si son perpetrados contra el Estado de Israel o contra el pueblo judío. La legislación española obliga, sin embargo, a inhibirse en el caso de que el delito haya sido ya juzgado o esté siendo investigado por el juez del país donde se produjo. La Fiscalía no ha querido pronunciarse sobre la competencia de la Audiencia Nacional hasta saber si estos mismos hechos están siendo ya investigados en Israel.

La Embajada de Israel en Madrid no quiso revelar el contenido de los más de 400 folios, en hebreo e inglés, que ayer fueron entregados al Ministerio de Asuntos Exteriores para su remisión a la Audiencia Nacional, pero expresó su confianza en que, a la luz de dicha documentación, el juez archive el caso.

Según fuentes diplomáticas, el informe del Ministerio de Justicia israelí incluye diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de Israel sobre los asesinatos selectivos y, en particular, su decisión del pasado 24 de diciembre, cuando rechazó la demanda de la organización israelí Yesh Gvul (Hay Límites), formada por reservistas del Ejército, para que se abriera una investigación independiente sobre el asesinato del líder de Hamás Salah Shehaded, el mismo que ahora indaga el juez Fernando Andreu. Preguntado por el resultado de la operación militar que acabó con la muerte de 14 civiles, el entonces jefe de la Fuerza Aérea israelí, Dan Halutz, se limitó a declarar: "Cuando tiro una bomba siento un ligero temblor en las alas".

Por su parte, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se mostró ayer convencida de que el Gobierno de Israel entiende que "España es un Estado de derecho y la Justicia actúa con total independencia".


Noticia sacada por El País: http://www.elpais.com/articulo/espana/M ... nac_13/Tes

Autor:  Linense [ 02 Feb 2009 19:44 ]
Asunto: 

El TPI carga contra Israel

Aún se espera que el Tribunal Penal Internacional procese a terroristas musulmanes de Palestina


Redacción Madrid. 2 de febrero. La fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) está estudiando la posibilidad de abrir un proceso contra las autoridades israelíes por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza a través de la jurisdicción palestina.

Se estudia en la jurisdicción de Palestina porque Israel no es signatario del Tratado de Roma y, por tanto, está exento de las actividades de este Tribunal, según declaró el fiscal jefe del Tribunal, Luis Moreno Ocampo, al diario británico 'The Times'.

En caso de aceptarse la jurisdicción palestina, según el rotativo londinense, la fiscalía estaría reconociendo a la Autoridad Palestina como Estado 'de facto' con facultad para presentar sus propias denuncias ante el TPI. De prosperar, la investigación se centraría en particular en el uso de fósforo blanco en zonas densamente pobladas por civiles durante la reciente operación 'Plomo fundido' en la Franja de Gaza.

La oficina del fiscal del TPI ya ha recibido varias denuncias sobre crímenes de guerra en la Franja de Gaza y está a la espera de nuevos informes de la Liga Árabe y de Amnistía Internacional. Varios grupos palestinos solicitaron este mes al fiscal la apertura de un proceso, pero Moreno Ocampo respondió que no tenía competencia para ello porque el TPI no tiene jurisdicción sobre Israel, país que no ha firmado el Tratado de Roma por el que se constituyó la Corte.

No obstante, Moreno Ocampo declaró al diario londinense en Davos --con motivo de la celebración del Foro Económico Mundial-- que el Tribunal está examinando la posibilidad de actuar en este caso a través de la jurisdicción palestina. Al respecto, los citados grupos palestinos aseguraron que la Autoridad Palestina es, en realidad, un Estado 'de facto' en cuyo territorio se cometieron los crímenes. "Es el Estado territorial el que debe acudir al Tribunal. Su argumento es que la Autoridad Palestina es, en realidad, un Estado", declaró Moreno Ocampo.

Los solicitantes palestinos aseguran que, en función del Derecho Internacional, Israel no tiene ninguna responsabilidad estatal sobre la Franja de Gaza desde que se retiró de este territorio en 2006. "Están creando jurisprudencia", admitió el fiscal argentino. "Es muy complicado", prosiguió. "Necesitaré mucho tiempo, pero actuaré de acuerdo con la ley", aseguró.

Según Moreno Ocampo, el examen del caso no implica necesariamante que el TPI esté dando la razón a los que han denunciado crímenes de guerra en la Franja de Gaza, ya que en esta fase, precisó, sólo se intentará determinar la jurisdicción y no se dará ningún nuevo paso mientras no se haya decidido al respecto.

Los estados y el tratado de Roma

Según el Tratado de Roma, los Estados miembros del TPI pueden denunciar ante el Tribunal los crímenes cometidos por sus ciudadanos o en su territorio. Los crímenes supuestamente cometidos por ciudadanos de países que no hayan firmado el tratado pueden remitirse al Consejo de Seguridad de la ONU, como ocurre con el caso de la región sudanesa de Darfur.

Costa de Marfil sentó en su día un precedente. Este país firmó pero no ratificó el Tratado de Roma, pero en 2005 llegó a un acuerdo con el TPI por el cual aceptaba la jurisdicción del Tribunal para investigar los crímenes cometidos desde septiembre de 2002. Los abogados palestinos alegan que la Autoridad Palestina puede remitir los casos de Gaza mediante un reconocimiento 'ad hoc', dado que la Autoridad Palestina no está reconocida internacionalmente como Estado.

Según 'The Times', este asunto podría tener repercusiones aún más amplias, ya que, una resolución afirmativa por parte del fiscal del TPI podría implicar un reconocimiento internacional del Estado palestino más rápido de lo que Israel quisiera. No obstante, y por los mismos motivos, un rechazo por parte del Tribunal podría perjudicar a los palestinos para que se reconociera legalmente al futuro Estado palestino.

Por otra parte, el reconocimiento 'de facto' de un Estado palestino miembro del TPI supondría un problema serio para Israel, ya que en estas condiciones el Gobierno palestino podría denunciar ante el Tribunal los crímenes de guerra que cometiera el Ejército hebreo sin las actuales trabas legales.

Investigación interna israelí

Una posible solución para Israel sería poner en marcha una investigación interna sobre lo sucedido en la Franja de Gaza, ya que en tal caso los supuestos crímenes quedarían fuera de la órbita del TPI. El Tratado de Roma establece que el Tribunal sólo puede investigar y perseguir las acusaciones sobre graves violaciones de Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario en caso de que los tribunales del país en cuestión no puedan o no quieran hacerlo.

De momento esta solución parece muy lejana, puesto que Israel ha negado en todo momento que haya habido crímenes de guerra, pero el Ejército hebreo ya ha anunciado la apertura de una investigación sobre el presunto uso de fósforo blanco, cuya utilización ha admitido parcialmente.

El fósforo blanco no es ilegal si se utiliza para crear cortinas de humo pero su uso está prohibido en zonas pobladas por civiles. Las cámaras de televisión han emitido imágenes en las que se advierte lo que parece fósforo blanco durante el bombardeo de una escuela de la ONU en Beit Lahiya que acogía a ambulancias de la Luna Creciente Roja. Varias organizaciones internacionales e incluso israelíes de Derechos Humanos y la propia Naciones Unidas han acusado al Ejército israelí de disparar munición con fósforo blanco contra zonas civiles durante la reciente ofensiva.

Una coalición de grupos israelíes de Derechos Humanos ha pedido al fiscal general de Israel que abra una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Estas organizaciones, entre las que figura B'Tselem, han acusado a las fuerzas israelíes de disparar contra civiles, de negar ayuda médica a los heridos, de impedir a las ambulancias palestinas hacer su trabajo y de disparar contra personas que enarbolaban bandera blanca.

Por otra parte, la ONU está preparando una investigación sobre el bombardeo por parte de la artillería israelí de un colegio de la ONU en Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, en el que se ocultaban desplazados civiles. El ataque causó 43 muertos. Israel alegó que en el edificio se habían refugiado combatientes palestinos que estaban disparando desde estas instalaciones, pero la ONU lo ha negado categóricamente.


Noticia sacada por Diario Ya: http://www.diarioya.es/content/el-tpi-c ... tra-israel

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